Jun 24 2006

19/05/2006

Proyecto de Decreto por el que se regula el ejercicio de determinadas actividades de las entidades de previsión social voluntaria y Proyecto de Decreto por el que se regulan las ayudas económicas a la implantación de determinados sistemas de previsión social complementaria instrumentados a través de entidades de previsión social voluntaria

Informe sobre el Proyecto de Decreto por el que se regula el ejercicio de determinadas actividades de las entidades de previsión social voluntaria y sobre el Proyecto de Decreto por el que se regulan las ayudas económicas a la implantación de determinados sistemas de previsión social complementaria instrumentados a través de entidades de previsión social voluntaria 
 
Antecedentes

Con fecha 27 de abril de 2006 ha tenido entrada en el Consejo de Relaciones Laborales por conducto de la Dirección de Estudios y Régimen Jurídico del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, el proyecto de decreto por el que se regula el ejercicio de determinadas actividades de las Entidades de Previsión Social Voluntaria y el proyecto de decreto por el que se regulan las ayudas económicas a la implantación de determinados sistemas de previsión social complementaria instrumentados a través de Entidades de Previsión Social Voluntaria, con la solicitud de que dichos textos sean examinados en el seno del Consejo y a fin de que, en el marco de sus competencias, éste emita el correspondiente informe.

Consideraciones técnicas de carácter general

Los proyectos de decreto que se remiten son dos:

Proyecto de Decreto por el que se regula el ejercicio de determinadas actividades de las Entidades de Previsión Social Voluntaria.
Proyecto de Decreto por el que se regulan las ayudas económicas a la implantación de determinados sistemas de previsión social complementaria instrumentados a través de Entidades de Previsión Social Voluntaria.
El hecho de que se hayan remitido conjuntamente al Consejo para que éste informe sobre su contenido, parece indicar que se trata de dos iniciativas conexas o que responden a una misma finalidad. Una primera consulta del contenido de estos decretos podría sugerir también que son normas que se adoptan en el marco del plan de previsión social complementaria aprobado por el Gobierno Vasco, sobre cuyo contenido el Consejo de Relaciones Laborales informó en diciembre de 2004.

Sin embargo, sólo el primer decreto contiene una referencia explícita en su exposición de motivos al plan de previsión. El segundo decreto se enmarca en el contexto general de la Ley Vasca de Entidades de Previsión Social Voluntaria (ley del Parlamento Vasco 25/1983 de 27 de octubre) a la que dice desarrollar de acuerdo con lo previsto en su disposición final primera. Aunque no se trata de una norma explícita de transposición, este proyecto de decreto realiza también una referencia a la directiva comunitaria 2003/41 CE relativa a las actividades y supervisión de los fondos de empleo.

El primero de los decretos introduce una serie de disposiciones novedosas, aplicables al conjunto de las entidades de previsión social voluntaria de la CAPV, siempre que gestionen planes, cualquiera que sea el instrumento en que estos planes se hubieran establecido, que incluyan prestaciones de jubilación, fallecimiento, invalidez, desempleo y/o enfermedad. No es, en consecuencia, una norma que pretenda desarrollar el denominado segundo nivel, que se refiere, como se sabe, a la previsión complementaria de los sistemas públicos de protección social pero únicamente de origen colectivo (planes de empleo o asociativos).

El segundo de ellos regula una serie de ayudas económicas únicamente para algunas de las entidades de previsión social complementaria: las que gestionen planes de previsión denominados de empleo o asociativos. En una primera aproximación y con independencia de su contenido concreto, este segundo decreto si se mantiene por tanto y a diferencia del primero en el llamado segundo nivel.

En cualquier caso, el ámbito de aplicación de ambos decretos es distinto (el primero alcanza al segundo y tercer nivel) y es también diferente el criterio que uno y otro utilizan para definir las entidades a las que se dirigen: en el primero depende del tipo de prestación que se dispense; en el segundo del origen o fuente de establecimiento del plan de previsión que se gestiona.

Consideraciones específicas

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL EJERCICIO DE DETERMINADAS ACTIVIDADES DE LAS ENTIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA

Aspectos técnicos

Como ya se ha señalado, este proyecto de decreto se configura a sí mismo como una disposición de desarrollo de la ley de Entidades de Previsión Social Voluntaria, al amparo de la autorización concedida en su disposición final primera.

Es dudoso, sin embargo, que se trate de una norma de desarrollo de la ley en sentido estricto. El decreto introduce un conjunto de disposiciones aplicables sólo a un determinado tipo de entidades de previsión social voluntaria, utilizando para ello criterios de distinción que la propia ley desconoce: el tipo de prestaciones y planes que estas entidades dispensan y gestionan.

A través de este decreto se estarían reconociendo –cuando no, creando “ex novo”- dos tipos básicos de entidad de previsión a partir de las prestaciones otorgadas, e incluso varios subtipos con un régimen jurídico diferenciado dentro de las que dispensan prestaciones de jubilación, incapacidad o fallecimiento tomando como criterio el alcance del compromiso asumido: una prestación definida o no, un rendimiento aleatorio o garantizado, la cobertura de riesgos biométricos (arts. 8,9,10..), o la naturaleza del socio protector (disposición adicional quinta con respecto a las sociedades cooperativas).

Se introduce así dentro del marco regulador de las entidades de previsión social voluntaria de la CAPV, que la ley concibe y trata como un ámbito o sector homogéneo, distintos regímenes específicos para unas entidades en concreto; y todo ello, utilizando además criterios de diferenciación al margen de la tipología que se contiene en la disposición legal que es objeto de desarrollo.

Esta posible extralimitación del decreto con respecto a la autorización expresa que le confiere la ley, podría provocar en primer lugar dudas fundadas sobre la legalidad misma de la disposición desde el punto de vista jurídico. Con independencia de ello, tampoco parece que se haya adoptado la decisión más adecuada desde una perspectiva de pura técnica legislativa en cuanto a la claridad y coherencia interna del bloque de legalidad en su conjunto.

Por último, tampoco parece totalmente correcta la referencia que se realiza en la exposición de motivos a la directiva 2003/41 CE. En efecto, el ámbito del decreto -que incluye también a las entidades que gestionan planes individuales (tercer nivel)- desborda claramente el de la norma comunitaria pues ésta se refiere únicamente a los fondos de pensiones de empleo, poniendo así el acento y utilizando, por tanto, como criterio de distinción, no el tipo de prestación, sino el instrumento en que se establece el derecho (plan de previsión de empleo).

Consideraciones específicas con respecto al contenido concreto de la disposición que se remite para informe.

Como ya se ha advertido, el proyecto de disposición que se ha remitido al Consejo de Relaciones Laborales no pretende establecer un régimen jurídico diferenciado para las entidades que gestionen planes de previsión de empleo o de carácter colectivo, frente a las que gestionan planes individuales, sino que opta por un tratamiento uniforme desde el punto de vista legal de toda la previsión social complementaria que se construye en torno a las contingencias de jubilación, incapacidad o fallecimiento, y por extensión a la enfermedad y el desempleo, sin diferenciar entre los distintos pilares o niveles no obligatorios sobre los que se articulan aquellas prestaciones. De esta forma el decreto prescinde tanto del instrumento (plan colectivo, asociativo o individual) a través del cual se hubieran establecido las prestaciones como de la forma en que tales prestaciones se satisfagan una vez producido el hecho causante (renta vitalicia, renta financiera o capital).

Como luego se verá, este tratamiento diferenciado para el llamado segundo nivel se reserva para el segundo de los decretos, aunque con un alcance bastante limitado.

En lo que se refiere a su contenido, este proyecto de decreto contiene una serie de disposiciones de carácter fundamentalmente técnico que podrá ser objeto, obviamente, de valoraciones diversas.

De forma esquemática, tales disposiciones se refieren:

A la cualificación y formación de los órganos de gobierno de acuerdo con lo que se establece en el artículo 3. La lectura de este precepto suscita, sin embargo, la duda de si los requisitos que enumera son aplicables cumulativa o alternativamente a la Junta de gobierno y a la dirección, y de si deben entenderse ellos mismos (la titulación y la experiencia acreditada) igualmente como exigencias cumulativas o simplemente alternativas.
Las exigencias a las que habrá de ajustarse la presentación de cuentas e informe de gestión y en especial (art. 5) al contenido de la información que deberá ser facilitada a la persona asociada o beneficiaria, aunque la norma no aclara si se trata del beneficiario potencial o del beneficiario no asociado titular de una determinada prestación como causahabiente de un socio de número. Esta misma indefinición se reproduce en otros preceptos concretos de la norma.
Determinadas prescripciones relativas a la gestión de los activos, a la inversión de los recursos, a la financiación de las provisiones técnicas, o a la exigencia de fondos adicionales para determinadas entidades de previsión.
Como ya se ha advertido en otro apartado de este informe, en buena medida estas disposiciones introducen un régimen (o subrégimen) diferenciado en función de una nueva variable: el alcance de las prestaciones a satisfacer, fijando obligaciones específicas para las entidades que gestionan planes de los que deriva un derecho cierto o predefinido para el asociado; bien en términos relativos al periodo de percepción (renta vitalicia), bien en lo que se refiere al rendimiento garantizado de la inversión o al importe definido de la prestación a percibir.

Esta apreciación se reitera aquí no tanto a modo de valoración del propio régimen sustantivo que se establece en el proyecto de decreto, lo que desborda los aspectos meramente técnicos de este análisis, sino en conexión con lo que se ha afirmado antes sobre la introducción a través de una norma de desarrollo de una tipología de entidades plural y compleja, al margen de las categorías establecidas en la propia ley.

Por último, el artículo 13 del proyecto de decreto regula las actividades de publicidad

El decreto concluye con cinco disposiciones adicionales a las que es posible aplicar en lo sustancial lo que se ha dicho en apartados anteriores del informe en el sentido de que establecen regímenes sustantivos diferentes en función de criterios vinculados al tipo de prestación, debiendo destacarse en este sentido la disposición adicional quinta que fija nuevamente un tratamiento específico para las entidades que integran planes aprobados en el seno de las cooperativas, cuya justificación objetiva no se explica sin embargo en la norma.

El proyecto de decreto incluye, por último, una disposición transitoria y dos finales.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS AYUDAS ECONÓMICAS A LA IMPLANTACIÓN DE DETERMINADOS SISTEMAS DE PREVISIÓN SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVÉS DE ENTIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA

El segundo de los proyectos de decreto sí contiene una referencia explícita en su exposición de motivos al plan de previsión social complementaria de la CAPV. En el caso concreto que se analiza, el régimen preferente que aquel plan anunciaba con respecto a los sistemas de empleo y consecuentemente a las entidades que los gestionan se reduce a las ayudas económicas cuya cuantía y duración se define en el artículo 5 del proyecto.

Su propósito es, en efecto, establecer determinadas ayudas económicas para aquellas entidades de previsión social complementaria que no sólo reconozcan prestaciones de jubilación, incapacidad permanente y fallecimiento, como mínimo (art. 3. apartado 5º), sino que lo hagan además en el marco de la gestión de planes de previsión de carácter colectivo aprobados a través de convenios estatutarios o acuerdos colectivos, siempre que se sumen a ellos un porcentaje mínimo de trabajadores (dos tercios), o mediante acuerdos de creación de una entidad de previsión social o de adhesión a una preexistente adoptados por entidades cooperativas o sociedades laborales a favor de sus socios trabajadores.

La norma se dirige también a entidades que gestionen otros planes de previsión cuyos partícipes mantengan entre sí una relación profesional o asociativa, siempre que actúe como socio protector una entidad representativa de los respectivos colectivos.

Como ya se ha señalado en otro apartado de este informe, la determinación del ámbito aplicativo de este decreto es del todo independiente del contenido del decreto anterior. Cada norma delimita, por tanto, con criterios autónomos su propio campo de aplicación. En concreto y por lo que se refiere al decreto que aquí se analiza, estos criterios vienen enumerados en el artículo 3, en el que se contendría el “estatus mínimo” de la entidad subvencionable, dedicándose el resto de la norma a explicitar la cuantía, requisitos y condiciones para el acceso a las ayudas.

Ello quiere decir, en definitiva, que se opta por la potenciación de unas determinadas entidades de previsión social voluntaria que además de gestionar plantes de empleo o de base asociativa, se ajusten a un determinado modelo cuyas características generales son las siguientes:

a) En cuanto al ámbito objetivo, que gestionen prestaciones complementarias de carácter social, entre las que habrán de estar incluidas al menos las de jubilación, incapacidad permanente y fallecimiento. Preferentemente (mayoritariamente según la imprecisa terminología del decreto), estas prestaciones habrán de ser satisfechas, una vez producido en hecho causante, en forma de renta vitalicia o en forma de renta financiera con una duración mínima (quince años), o, un porcentaje máximo de ellas, en forma de capital ante situaciones excepcionales.

b) En cuanto al ámbito subjetivo, que los socios de número sean trabajadores por cuenta ajena, socios trabajadores o un colectivo diferenciado con vínculos profesionales o asociativos, y que los socios protectores sean, respectivamente, los empleadores, la empresa cooperativa o sociedad laboral correspondiente, o una entidad representativa.

c) En cuanto a los aspectos formales, que el conjunto de derechos y obligaciones se incorporen a un plan de previsión, suscrito en el marco de un acuerdo colectivo, de características diferentes en función de la naturaleza del colectivo afectado.

d) Por último y en relación también con otros aspectos formales, que se garantice el acceso al plan de la totalidad del personal y se articule un sistema de representación paritaria de los socios de número y los protectores que se concreta, a su vez, en un régimen de adopción de acuerdos imprecisamente definido por la norma que parece optar con carácter preferente por un sistema de mayorías relativas en cada grupo de representantes, pero admite también, en su caso, -sin especificación alguna del alcance concreto de esta previsión- mayorías cualificadas (66) globales.

En el marco de esta caracterización general, todos y cada uno de estos elementos centrales podrá ser objeto de análisis más específicos o detallados y de valoraciones distintas, en la medida en que en su conjunto prefiguran una opción preferente, de contenido más o menos intenso y por tanto igualmente valorable en términos de decisión política o de oportunidad, por un tipo de entidad y consecuentemente por un determinado modelo de previsión social complementaria.

Por último y en lo que se refiere a otras consideraciones de carácter técnico, es posible trasladar a este decreto buena parte de las que se han realizado respecto al proyecto de decreto anterior, pues la actividad promocional de determinadas entidades se articula aquí nuevamente sobre la base de una tipología desconocida por la ley, con la que esta norma no establece, sin embargo, una vinculación directa, quizá presuponiendo que el marco diferenciado de entidades de previsión, aún ajeno al texto estricto de la ley, ha quedado incorporado al bloque de legalidad por el decreto que la desarrolla y cuyo contenido ha sido analizado en el apartado anterior de este informe.

Síntesis de las aportaciones de los miembros de la comisión de informes

Una vez remitido el texto de ambas disposiciones a los miembros de la comisión de informes del Consejo de Relaciones Laborales, con fecha 2 de mayo y de conformidad con el procedimiento aprobado para el desarrollo de la función consultiva, han tenido entrada en los servicios del Consejo las respectivas alegaciones particulares de cada uno de ellos, en relación con los dos proyectos de decreto.

Continuando con la sistemática del informe técnico, diferenciamos los dos proyectos de decreto que se han remitido al Consejo para informe, a fin de exponer el contenido sustancial de aquellas alegaciones.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL EJERCICIO DE DETERMINADAS ACTIVIDADES DE LAS ENTIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA

Consideraciones generales

De carácter global

En términos generales los miembros de la comisión de informes del Consejo muestran su desacuerdo con las manifestaciones que se realizan en la exposición de motivos del proyecto de decreto sobre el envejecimiento progresivo de la población y, especialmente, sobre la supuesta debilidad de los sistemas públicos de seguridad social, en relación a las cuales el Consejo ya se pronunció en el dictamen emitido con relación al Plan de previsión social complementaria en fecha 28 de diciembre de 2004.

Con independencia de las valoraciones de fondo sobre el contenido del decreto, existe también una opinión común en el sentido de que esta norma, tal y como claramente se desprende de la definición que hace de su ámbito de aplicación (art. 1º), no pretende establecer una regulación específica o diferenciada de las entidades de previsión que gestionen planes de empleo (ni siquiera de planes de base asociativa), sino de todas aquellas que satisfagan determinadas prestaciones, sin diferenciar el nivel (colectivo o individual) en el que se haya aprobado el plan o acuerdo que gestionan. Ello supone, por tanto, desgajar este proyecto de los objetivos definidos en el plan de previsión.

De carácter técnico jurídico.

Aunque el objetivo de un informe de esta naturaleza no es, en sentido estricto, realizar una valoración jurídica del proyecto de norma, las diferentes alegaciones de los miembros de la comisión de informes coinciden en expresar:

a) Sus dudas sobre la legalidad de una disposición de desarrollo que establece obligaciones específicas y, por tanto, regímenes jurídicos diferenciados para un tipo de entidades ( por razón de las prestaciones que dispensa y el contenido en términos jurídicos de los derechos reconocidos a los beneficiarios) en base a conceptos (planes de previsión) que la ley desarrollada desconoce, e imponiendo o presuponiendo, al menos, obligaciones (como el reglamento de prestaciones, libros de registro…) que la norma legal no impone. Una decisión de este carácter exigiría, al menos, una explicación suficiente que la exposición de motivos de decreto, sin embargo, omite.

b) La falta de concreción de muchos de los preceptos de la norma y su defectuosa técnica legislativa al fijar las obligaciones utilizando numerosos conceptos jurídicos indeterminados o sujetándolas a la decisión de la autoridad de control (el Departamento de Hacienda que pasa a ejercer un verdadero tutelaje de estas entidades) sin especificar los criterios aplicables por ésta, en aspectos en muchos casos sustanciales como el interés técnico aplicable para el cálculo de las provisiones técnicas, o la suficiencia y adecuación de los activos, o las desviaciones razonables sobre previsiones ..., entre otros muchos ejemplos.

c) En general, la confusión existente en relación con el alcance real de numerosos preceptos por la utilización de conceptos desconocidos en la norma legal y cuyo alcance preciso tampoco define el propio decreto. En particular, aunque no de forma única, una buena parte de los que establecen obligaciones utilizando como referencia el plan de previsión, sin que se llegue a comprender con la claridad deseable si se trata de un concepto equiparado a la entidad o diferente de ella, y sin fijar los criterios para distinguir en este segundo supuesto entre los diferentes planes en lo que se refiere al alcance exacto de las obligaciones impuestas para cada uno de ellos a la entidad que los gestiona.

En conexión con estas valoraciones de tipo general, se realizan propuestas concretas que van desde el rechazo global de la norma, al entender que el decreto no es el instrumento adecuado para las modificaciones que se pretenden realizar, por lo que solicitan su devolución (ELA), a la petición de que se revise y reelabore prácticamente de forma íntegra su contenido (UGT), o la solicitud de que en cumplimiento de las obligaciones asumidas en el plan de previsión se apruebe con carácter previo a este decreto una nueva ley de entidades de previsión social voluntaria (CCOO).

Consideraciones particulares sobre el contenido concreto de la norma

El proyecto de norma objeto de análisis es una disposición de carácter fundamentalmente técnico sobre la que, hechas las salvedades que se contienen en el apartado anterior, se realizan también algunas valoraciones específicas.

Ámbito de aplicación

Sin perjuicio de la opinión que cada una de las organizaciones expresó en su día con relación al plan de previsión, existe coincidencia en considerar que el decreto que ahora se presenta no es una norma de desarrollo del llamado segundo nivel ni responde, en consecuencia, a la estrategia definida en aquel plan.

En lo que se refiere a opiniones concretas sobre el alcance que debería tener una norma de estas características, las alegaciones particulares de los miembros van desde propuestas de alcance político que abogan por el establecimiento de un régimen específico únicamente para las entidades que gestionen planes de empleo y satisfagan prestaciones complementarias al nivel obligatorio de protección social en forma de renta vitalicia (ELA), hasta sugerencias de alcance técnico que consideran que la norma debería aclarar, al menos, si el régimen actuarial de capitalización bajo el que operan estas entidades tiene carácter individual o colectivo (UGT).

Exigencias de cualificación en los órganos de gestión, dirección y control

Mas allá de las deficiencias técnicas que generan dudas sobre el alcance real y el carácter cumulativo o alternativo de las exigencias de cualificación establecidas en el artículo segundo del proyecto de decreto, existe una opinión común de los miembros designados por las organizaciones sindicales en cuanto al rechazo de estas exigencias de cualificación para los miembros de los órganos de gobierno, que tienen esencialmente un carácter representativo, sin perjuicio de que se apliquen, en su caso, a los órganos profesionalizados de gestión y dirección de la entidad.

Por su parte los miembros de la comisión de informes designados por Confebask, entienden también que debería concretarse mejor el alcance de este artículo.

Otras obligaciones generales vinculadas con la gestión

A continuación se recogen de forma sintética los aspectos esenciales de las consideraciones realizadas en torno a diversos aspectos técnicos vinculados con las obligaciones de gestión e información que se establecen en el proyecto de decreto.

En relación con ello, se incide en la ausencia de claridad sobre el alcance del informe de gestión (art. 3), así como en ciertas insuficiencias de la información que se ha de suministrar a los asociados, que se limita, por ejemplo, a la identidad de los auditores sin alusión alguna al contenido de las auditorias, unida a información poco relevante como el grado de volatilidad, sujeto en general a condiciones “estándar”. Por otro lado, la norma impone, además, obligaciones de difícil concreción como la rentabilidad esperada, o presupone otras simplemente inexistentes como el reglamento de prestaciones en (art. 4).

En especial se advierte también que la regulación es farragosa e inconcreta en lo que se refiere específicamente a la declaración de los principios de inversión de la entidad (art. 5); o difícilmente comprensible en cuanto a la información a suministrar a la Administración en relación con los contratos de gestión de activos, sin precisar si se trata de contratos de gestión global o de cualquier operación que se instrumente a través de terceros. Falta de concreción (con referencia a conceptos jurídicos indeterminados, como “adecuada organización”, “buen funcionamiento”) que se observa también en lo que se refiere a los criterios de control interno.

En especial las provisiones técnicas en relación con el régimen específico que se establece en la disposición adicional quinta para determinadas entidades.

Las consideraciones sobre este apartado ponen de manifiesto, de una parte, el grado de discrecionalidad que se deriva de la referencia, como alternativa al interés técnico fijado por la norma, a otros tipos de interés de carácter general (establecidos por referencia al mercado) o particular (en función del rendimiento específico estimado para la propia entidad y conforme a criterios absolutamente indefinidos sujetos, por tanto, a la apreciación discrecional del Departamento de Hacienda) y de otra, la falta de justificación objetiva y la ausencia de explicación alguna sobre el fundamento del establecimiento de un régimen distinto y específico para las entidades que gestionen planes aprobados en el seno de empresas cooperativas (disposición adicional quinta),

Se considera también injustificada la supresión del informe actuarial sobre prestaciones aseguradas o reaseguradas porque el desplazamiento del riesgo hacia un tercero no implica en modo alguno la exoneración de la entidad frente al beneficiario y se incide nuevamente en la falta de concreción de las obligaciones de financiación de estas provisiones técnicas que se fijan por referencia a conceptos excesivamente genéricos como “activos suficientes y adecuados” (art. 9.).

Por último se advierte también en relación con este apartado que la información y transparencia sobre los criterios de valoración, así como su mantenimiento homogéneo a lo largo del tiempo, sin permitir su modificación en la forma que convenga a la entidad en cada momento, son elementos de garantía de sus derechos para los beneficiarios, por lo que deberían incorporarse como exigencias de carácter general al contenido del decreto.

Normas de inversión

En cuanto a las normas de inversión, se cuestionan las limitaciones a la inversión en activos emitidos por los promotores del plan, lo que limitaría sustancialmente las posibilidades de inversión en ámbitos productivos mayoritariamente integrados por empresas incluidas en un plan de previsión de empleo de naturaleza sectorial o incluso la prohibición de que las inversiones en activos no regulados impliquen el control efectivo de la entidad en la que se invierte (ELA, LAB y CONFEBASK).

En sentido contrario, se advierte de que el porcentaje de inversión en activos sujetos a mercados no regulados permitidos por la norma (30) puede resultar excesivo (UGT).

En este apartado se cuestiona también el reconocimiento de un amplio margen de discrecionalidad en cuanto al régimen y condiciones de inversión de activos, (artículo 11.7 que faculta para ello al Departamento de Hacienda, sin fijar los aspectos básicos o los criterios generales conforme a los que habrá de actuar la autoridad de control), que se puede traducir en importantes dosis de inseguridad jurídica.

Por su parte y en lo que se refiere a la gestión, depósito y custodia de los activos de la entidad, se advierte también que el artículo 12 establece normas de muy difícil, cuando no imposible cumplimiento, si se interpreta en sentido amplio, es decir como aplicable a cualquier contrato de gestión y no exclusivamente a los contratos de gestión global.

Disposiciones adicionales

Las alegaciones sobre el contenido de estas disposiciones incluyen también propuestas diferentes, que van desde (UGT) considerar excesivo el porcentaje autorizado a las entidades que gestionen planes de empleo en concepto de gastos de administración (2), hasta cuestionar el criterio de que se admitan como tales los costos de intermediación por la compra de valores, que deberían imputarse a la propia operación de adquisición (CCOO).

En especial (ELA), se rechaza el derecho que se reconoce en la disposición adicional segunda a la movilización del fondo capitalizado cuando se extingue la relación laboral con el socio protector, sin distingos entre las diferentes entidades de previsión social complementaria y los objetivos establecidos en las mismas, tanto en las aportaciones como en las prestaciones. Que este derecho se pueda ejercitar en el transcurso de dos años siguientes a aquella extinción carece igualmente de justificación objetiva. Se advierte también sobre la inexistencia de criterios que sirvan para fijar la fecha de movilización olvidando, al parecer, que se trata de una cuestión que puede incidir de forma sustancial en el derecho de los beneficiarios (UGT).

En cuanto a la disposición adicional quinta se reiteran aquí las consideraciones que se han hecho sobre la ausencia de una explicación que justifique el tratamiento diferente que se establece para determinadas entidades, en función únicamente del carácter del socio protector (cooperativas).

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS AYUDAS ECONÓMICAS A LA IMPLANTACIÓN DE DETERMINADOS SISTEMAS DE PREVISIÓN SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVÉS DE ENTIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA

Consideraciones generales

Este proyecto de decreto fija los criterios que deben cumplir aquellas entidades de previsión social voluntaria, preexistentes o de nueva creación, que gestionan planes de carácter colectivo para tener acceso a determinadas subvenciones destinadas a financiar parcialmente y durante los dos primeros años, bien los gastos de constitución y puesta en marcha de la propia entidad, bien los vinculados específicamente a la asunción de un nuevo plan de previsión colectivo.

Opinión sindical

Los miembros de la comisión de informes designados por las organizaciones sindicales rechazan, por diferentes motivos y con distinto alcance, esta iniciativa normativa:

En algunos casos se expresa la oposición global al decreto como consecuencia lógica del rechazo político e ideológico al establecimiento de ayudas económicas públicas a la implantación de sistemas privados de capitalización, aún de carácter colectivo o asociativo (LAB); en otros a partir de la consideración de que esta vía (el reconocimiento de subvenciones para el establecimiento o constitución de EPSV (s)) no es adecuada para impulsar el modelo de previsión social complementaria de empleo generalizado que se dice pretender, basado en entidades de empleo de aportación definida y prestaciones en forma de renta vitalicia (ELA).

De otro lado, se rechaza parcialmente el proyecto de decreto por considerar que coloca en pié de igualdad a entidades que gestionan planes asociativos y planes de empleo, cuando debería limitarse, en coherencia con lo que establecía el plan de previsión, a impulsar sistemas de empleo vertebrados en torno a la negociación colectiva para conseguir así la generalización de la previsión social complementaria del sistema público (CCOO).

Finalmente (UGT) se solicita que los planes de previsión de empleo establezcan, en todo caso, el principio de adhesión voluntaria de las personas asociadas, considerando que sólo las entidades que gestionen planes voluntarios deberían ser objeto de subvención.

Consideraciones particulares

Opinión sindical

A pesar del rechazo global del proyecto de decreto, los miembros de la comisión de informes designados por las organizaciones sindicales han realizado también algunas consideraciones sobre aspectos particulares del decreto.

En relación con el instrumento en el que se establece el plan

El miembro designado por LAB rechaza los acuerdos colectivos no estatutarios como medio de establecimiento de los planes de previsión, afirmando que la previsión social complementaria debería establecerse únicamente mediante convenios colectivos sectoriales estatutarios, con aportaciones paritarias, en todo caso, de los trabajadores y empleadores, en contra del criterio del miembro designado por CCOO que considera que no debe condicionarse ni limitarse el margen de la autonomía colectiva para fijar, en su caso, aportaciones desiguales y sin límite mínimo alguno (en referencia al 0,5 sobre el salario de cada trabajador que exige el art. 3. punto 4 del proyecto de decreto).

Por su parte, el miembro designado por CCOO solicita la supresión en el artículo 3º del proyecto de decreto de todas aquellas menciones que se refieran a planes colectivos de base asociativa, establecidos al margen de la negociación colectiva, en coherencia con su pretensión de que el decreto regule únicamente planes de empleo en sentido estricto.

Régimen de adopción de acuerdos

Existe igualmente discrepancia sobre el régimen de adopción de acuerdos establecido en el artículo 3.3 del proyecto de decreto.

En opinión de ELA y LAB los acuerdos de los órganos de gobierno, de composición paritaria entre representantes de los socios de número y los socios protectores, - exigencia de paridad que los miembros de la comisión designados por UGT y LAB llegan a cuestionar, sobre la base de la consideración de las aportaciones empresariales como salario diferido- se deberían adoptar en todo caso por mayoría de cada parte, sin dar entrada a un régimen de mayorías global, ni siquiera de carácter cualificado.

En opinión del miembro designado por CCOO, por el contrario, los acuerdos deberían adoptarse conforme a los criterios establecidos en el artículo 15 de la Ley de Entidades de Previsión Social Voluntaria y el artículo 34 de su reglamento con carecer general mediante mayorías simples, sin perjuicio de la exigencia de mayorías cualificadas para los casos previstos en aquellas disposiciones normativas.

Otras consideraciones

Por último el miembro de la comisión de informes designado por UGT considera que el tratamiento diferenciado de los planes de empleo, siempre que, en todo caso, se respete el principio de adhesión voluntaria al mismo de los trabajadores y trabajadoras individualmente considerados, debería realizarse no tanto a través de subvenciones temporales, sino mediante un régimen fiscal diferenciado de carácter duradero que este proyecto de decreto no establece.

DICTAMEN SOBRE LOS PROYECTOS DE DECRETO POR LOS QUE SE REGULA EL EJERCICIO DE DETERMINADAS ACTIVIDADES DE LAS ENTIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA Y SE ESTABLECEN AYUDAS ECONÓMICAS A LA IMPLANTACIÓN DE DETERMINADOS SISTEMAS DE PREVISIÓN SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVÉS DE ENTIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA

La comisión de informes del Consejo de Relaciones Laborales, reunida en fecha 10 de Mayo de 2006, aprobó con los votos favorables de los miembros designados por CONFEBASK, ELA, CC.OO. y UGT, el dictamen que se transcribe a continuación. En esta reunión el miembro designado por LAB expresó su voto contrario al dictamen y anunció, de conformidad con lo previsto en el procedimiento establecido para el desarrollo de la función consultiva por la propia comisión, la presentación de un voto reservado que se consignará a continuación del dictamen.

Dictamen

PRIMERO.- Sin entrar a analizar en este dictamen el contenido concreto de los proyectos de decreto remitidos a este organismo para informe preceptivo, la comisión de informes del Consejo de Relaciones Laborales muestra su oposición a ambos por las razones que se expresan en los apartados siguientes.

SEGUNDO.- En lo que se refiere al “proyecto de decreto por el que se regula el ejercicio de determinadas actividades de las Entidades de Previsión Social Voluntaria” considera que si se adopta la decisión de establecer un régimen jurídico diferenciado para las entidades de previsión social complementaria que actúan en el ámbito de la CAPV teniendo en cuenta el tipo de actividad que realizan, el instrumento adecuado para llevar a cabo esta iniciativa no debería de ser una norma de desarrollo de la actual ley de Entidades de Previsión Social Voluntaria, sino una modificación directa de esta ley.

Tal consideración se hace desde una triple perspectiva:

En primer lugar porque la aprobación de una norma subordinada (de desarrollo de otra de rango superior) que parte de categorías que la propia ley desconoce podría plantear dudas fundadas de legalidad.

En segundo lugar por la inseguridad jurídica que podría generar la aplicación de dos normas(una ley y un decreto de desarrollo) que integran un bloque de legalidad conjunto pero utilizan conceptos y criterios diferentes entre sí y en muchos casos insuficientemente definidos.

En tercer lugar porque la reforma de la Ley de Entidades de Previsión Social Voluntaria constituía un objetivo explícito del plan de previsión social complementaria.

TERCERO.- En lo que se refiere al “proyecto de decreto por el que se regulan las ayudas económicas a la implantación de determinados sistemas de previsión complementaria instrumentados a través de Entidades de Previsión Social Voluntaria”, los miembros de la comisión de informes entienden, por las mismas razones expuestas en el apartado anterior de este dictamen, que la definición del tipo de entidad de previsión cualificada cuya creación o actuación podría ser objeto de ayudas públicas debería realizarse así mismo a través de una modificación de la ley.

CUARTO.- Estas consideraciones tienen carácter prioritario y previo, por lo que no se incluyen en este dictamen las opiniones específicas de cada uno de los miembros de la comisión sobre el modelo de previsión social complementaria, o sobre determinados aspectos concretos de los proyectos remitidos a informe, aunque aquella opinión, o una parte de ella, haya sido expresada, en su caso, mediante las alegaciones particulares realizadas en el curso del procedimiento establecido para el ejercicio de la función consultiva y reflejada en lo sustancial en el informe final de este Consejo de Relaciones Laborales, en el apartado denominado “síntesis de las aportaciones”.

Bilbao a doce de mayo de 2006

Voto reservado presentado por el miembro de la Comisión de Informes designado por LAB

El sindicato LAB se pronuncia en contra del Dictamen sobre los Proyectos de Decreto por lo que se regula el ejercicio de determinadas actividades de las Entidades de Previsión Social Voluntaria y se establecen ayudas económicas a la implantación de determinados sistemas de previsión social complementaria instrumentados a través de EPSV. Por consiguiente, emite el siguiente VOTO RESERVADO.

Primero.- LAB tiene severas reservas ideológicas y políticas sobre la filosofía y el espíritu que impregna la totalidad del Plan de Previsión Social Complementaria aprobado por el Consejo de Gobierno de la CAPV el pasado 10 de enero.

Segundo.- LAB no comparte el objetivo de generalizar la previsión social complementaria en la CAPV ni el mecanismo que se pretende articular para ello, que consiste en detraer recursos públicos para financiar sistemas privados de capitalización.

Tercero.- Los Decretos sometidos a informe derivan políticamente del referido Plan de Previsión, por lo que nuestro rechazo no se fundamenta en la inadecuada técnica legislativa utilizada para su implementación normativa, sino en las razones de fondo sucintamente expuestas en los párrafos anteriores.

Donostia, 15 de mayo de 2006

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