Jun 24 2008

20/06/2008 Informe del Consejo de Relaciones Laborales sobre el proyecto de Decreto por el que se regula la calificación de empresas de inserción, se establece el procedimiento de acceso a las mismas y se regula el Registro de Empresas de Inserción

 

INFORMES REALIZADOS POR EL CONSEJO 
 
Informe del Consejo de Relaciones Laborales sobre el proyecto de Decreto por el que se regula la calificación de empresas de inserción, se establece el procedimiento de acceso a las mismas y se regula el Registro de Empresas de Inserción
 
 
Informe del Consejo de Relaciones Laborales sobre el proyecto de Decreto por el que se regula la calificación de empresas de inserción, se establece el procedimiento de acceso a las mismas y se regula el Registro de Empresas de Inserción

El Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco ha remitido a este Consejo de Relaciones Laborales por conducto de su Dirección de Estudios y Régimen Jurídico el proyecto de Decreto por el que se regula la calificación de empresas de inserción, se establece el procedimiento de acceso a las mismas y se regula el Registro de Empresas de Inserción, a fin de que este organismo emita el correspondiente informe.

1. Informe técnico

1.1. Antecedentes y motivación

En relación a esta materia el Decreto 305/2000, de 26 de diciembre, al que en adelante nos referiremos como “decreto anterior” (DA), regula la calificación de las empresas de inserción, establece el procedimiento de acceso a ellas y crea el Registro de Empresas de Inserción. Dicho decreto fue dictado en desarrollo de las medidas previstas en la Ley 12/1998, de 22 de mayo, contra la Exclusión Social, con la finalidad de contribuir a la inserción de quienes carecen de los recursos personales, sociales o económicos suficientes para desarrollar una vida independiente.

Habida cuenta de que no participar en el mercado de trabajo o hacerlo de forma residual determina, casi necesariamente, el inicio de un proceso de exclusión con consecuencias directas en el ejercicio de otros derechos sociales, el Gobierno Vasco ha desarrollado una serie de medidas capaces de actuar desde diversos ámbitos de la vida social, y muy especialmente en el ámbito del empleo, con políticas públicas dirigidas a facilitar el acceso a los colectivos más desfavorecidos a la formación y al mercado laboral ordinario.

Una de esas vías ha sido el apoyo a la creación y el sostenimiento de empresas de inserción en las que, tras finalizar su proceso de inserción socio-laboral, las personas en riesgo de exclusión puedan incorporarse al medio laboral ordinario y lograr desarrollar una vida independiente.

Las razones que llevan ahora a la nueva regulación plasmada en el proyecto de Decreto (PD) respecto de lo establecido en el DA son, según el preámbulo del PD, las siguientes:

a) La aprobación por parte de las Cortes españolas de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de empresas de inserción, exige la adaptación, a efectos de calificación y registro de las empresas de inserción, de las normas autonómicas, y entre ellas de nuestro Decreto 305/2000, de 26 de diciembre, a las previstas en la Ley. La propia disposición transitoria primera de la Ley 44/2007, “Adaptación de las empresas de inserción y de las normas autonómicas a las previsiones de la Ley “, señala lo siguiente:

- Las empresas de inserción ya existentes a la fecha de entrada en vigor de la Ley, para acogerse a lo regulado en ella, deberán adaptarse a sus previsiones en un plazo de un año a partir de su entrada en vigor.

- Las previsiones contenidas en los artículos 7 y 9 a efectos de calificación y registro de las empresas de inserción, serán objeto de adaptación por parte de las comunidades autónomas en un plazo no superior a seis meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley.

En el DA, algunas de las previsiones que ahora son exigidas por la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, ya estaban recogidas e incluso, en cierta forma, superadas por la normativa autonómica ya existente, por lo que en tales casos no ha sido precisa adaptación alguna en el proyecto de Decreto que ahora se somete a informe (en adelante, PD).

b) La decidida apuesta del II Plan Interinstitucional de Inclusión Social 2007-2009 por el desarrollo de políticas activas de empleo particularmente orientadas a las personas perceptoras de prestaciones económicas como la renta básica y las ayudas de emergencia social (AES) susceptibles de una incorporación laboral.

c) El tiempo transcurrido desde la aprobación del Decreto 305/2000, así como la experiencia obtenida en su gestión.

1.2. Principales aspectos del PD

El contenido del PD objeto de informe se resume en los siguientes aspectos principales:

a) Regulación específica de las empresas de inserción, los requisitos necesarios y el procedimiento para obtener la calificación

Las previsiones sobre estos temas se encuentran en los siguientes apartados:

- Artículo 4. Concepto y requisitos.
- Capitulo II. Calificación de las empresas de inserción.
- Capítulo VI. Registro de empresas de inserción

b) Identificación de las personas susceptibles de inserción sociolaboral en una empresa de inserción

Las previsiones sobre estos temas se encuentran en el siguiente artículo:

- Artículo 5. Personas susceptibles de inserción sociolaboral en una empresa de inserción.

c) Determinación del itinerario de inserción para la incorporación al mercado ordinario de las personas en situación de exclusión social y de las funciones de los distintos servicios públicos

Las previsiones sobre estos temas se encuentran en los siguientes apartados:

- Artículo 6. Itinerario de inserción sociolaboral y de servicios de intervención y de acompañamiento por medio de empresas de inserción.
- Capítulo III. Procedimiento de acceso a las empresas de inserción.
- Capítulo IV. Asignación de funciones.

d) Regulación de las relaciones laborales en las empresas de inserción

Las previsiones sobre estos temas se encuentran en el siguiente capítulo.

- Capítulo V. Relaciones laborales de los trabajadores en situación de exclusión social en las empresas de inserción.

e) Promoción de las empresas de inserción

Las previsiones sobre estos temas se encuentran en el siguiente capítulo:

- Capítulo VII. De las medidas de promoción.

1.3. Regulación específica de las empresas de inserción, los requisitos necesarios y el procedimiento para obtener la calificación

En esta regulación se ha realizado la adaptación de los artículos 7, “Calificación” y 9, “Registros e información sujeta a constancia registral”, de la Ley 44/2007 de 13 de diciembre.

Lo dispuesto en el artículo 7, “Calificación”, de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, va vinculado en buena medida a lo dispuesto en el artículo 5, “Requisitos”, de la propia Ley. Por su parte, el PD regula ahora las empresas de inserción en su artículo 4 “Concepto y requisitos” y es ahí donde introducen algunas de las previsiones de los artículos 5 y 7 de la Ley 44/2007:

a) Se añade como nuevo el apartado c): “No realizar actividades distintas a las de su objeto social” (artículo 5.d de la Ley 44/.2007).

b) Mantiene el requisito que contempla el DA referente a no tener vinculados sus balances, cuentas de resultados y patrimonios a otras actividades que no sean las de su objeto social. Este requisito no figura en la Ley 44/2007.

c) En su apartado f) se añade, al requisito de mantener al menos un 40 del total de la plantilla compuesto por trabajadores en proceso de inserción (30 en el artículo 5.c de la Ley 44/2007) durante los tres primeros años de actividad, un nuevo requisito de mantenimiento de al menos un 50 del total de la plantilla a partir del cuarto año (artículo 5.c de la Ley 44/2007).

d) Se modifica en el apartado h) el requisito del DA de estar las empresas de inserción promovidas o participadas como mínimo en un 33 por una o varias entidades promotoras, estableciendo un porcentaje superior: 51 del capital social para las sociedades mercantiles. Y para las sociedades cooperativas y sociedades laborales señala que dicha participación deberá situarse en los límites máximos recogidos en las diferentes legislaciones que le sean de aplicación a los socios colaboradores o asociados (estos supuestos se contemplan en el artículo 5.a de la Ley 44/2007).

e) En el apartado l), añade como nuevo requisito el de “Realizar una auditoria social y presentar un balance social con carácter anual”. (artículo 5.f de la Ley 44/2007).

f) Se actualiza a euros la cuantía establecida en el apartado m), pues se exige realizar una auditoria con carácter anual, cuando su facturación supere los 600.000 euros, cuando en el DA se exigían 100 millones de pesetas. Este requisito no figura en la Ley 44/2007.

g) En el PD se altera lo dispuesto en el artículo 5.e) de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, “Aplicar, al menos, el ochenta por ciento de los resultados o excedentes disponibles obtenidos en cada ejercicio a la mejora o ampliación de sus estructuras productivas y de inserción”, ya que tal previsión estaba contemplada y superada en el DA que establecía en su artículo 3.2.i), lo que ahora reproduce en el PD en el artículo 4.2.k): “Aplicar los excedentes disponibles obtenidos en cada ejercicio a la mejora o ampliación de sus estructuras productivas o a la promoción de actividades relacionadas con la inserción sociolaboral, no debiendo producirse en ningún caso reparto de beneficios”.

h) Mantiene la previsión del DA ahora en el PD apartado n). “Estar al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social y no tener ninguna deuda pendiente con la Administración de la CAPV o con sus organismos autónomos, en el momento de solicitar la calificación. Este requisito no figura en la Ley 44/2007.

i) Mantiene la previsión del DA ahora en el PD apartado ñ): “No haber amortizado ningún puesto de trabajo por despido improcedente durante el año anterior a la solicitud de calificación. Este requisito no figura en la Ley 44/2007.

El artículo 9.3 de la Ley 44/2007, “Registros e información sujeta a constancia registral”, establece que: “Las empresas de inserción una vez inscritas, vendrán obligadas a presentar en el Registro Administrativo competente de la Comunidad Autónoma dentro de los plazos que se determinen, la siguiente documentación, sin perjuicio de aquella otra que pueda establecerse por parte de las Comunidades Autónomas”.

Se refiere en tres apartados a), b) y c) a la documentación acreditativa de las modificaciones estatutarias que afecten a su calificación, al plan de actividades y el presupuesto anual, a las cuentas anuales, informe de gestión y balance social al cierre de cada ejercicio.

El artículo 10 del PD. “Obligaciones derivadas de la calificación”, recoge en sus diversos apartados b), d) y e), y al margen de otras obligaciones que se fijan, las previstas en el artículo 9 de la Ley 44/2007, que ya estaban contenidas también en el DA, y por lo tanto sin conllevar por ello, adaptaciones. Únicamente una: la contemplada en el apartado c) del artículo10, al exigir la “realización de una auditoria social y presentar un balance social con carácter anual”.

Por otra parte del Capítulo VI, “Registro de empresas”, mencionamos los artículos que se incorporan a continuación, en los que se realizan las adaptaciones a la Ley 44/2007:

Art. 9 PD. Procedimiento de calificación. Se incluye un apartado 9 en el propio art.9, según el cual: “La obtención de la calificación de empresa de inserción, por una de las sociedades susceptibles de ser calificadas como tal, no se considerará transformación societaria”.

Art. 11.4 PD. Pérdida de calificación. Se incluye este apartado 4, donde se establece una obligación de informe previo a la Inspección, especificando que: “La descalificación como empresa de inserción se realizará mediante resolución del director de Inserción Social, previo informe preceptivo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social” (artículo 8.2. de la Ley 44/ 2007).

Art. 20 PD. Estructura registral. En el artículo 20.2 del PD se añaden ahora, junto a otros datos que deben constar en el Registro de las Empresas de Inserción y que ya se citaban en el artículo 11.2 del DA, los siguientes: sector de la actividad económica, el número de trabajadores en proceso de inserción y trabajadores de plantilla, así como los tipos de contratos respectivos.

Art. 23 PD. Remisión de información. Este contenido de este artículo no tiene precedente en el DA, y en el mismo se establece que la Dirección de Inserción Social del Gobierno Vasco remitirá semestralmente al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales del Gobierno español la información relativa a las empresas de inserción que consta en su Registro, con una documentación que, a tales efectos, específica” (artículo 9.2 de la Ley 44/2007).

1.4. Identificación de las personas susceptibles de inserción sociolaboral en una empresa de inserción

- Art. 5 PD. Personas susceptibles de inserción sociolaboral en una empresa de inserción.

En su apartado 1, se identifican las personas en situación de exclusión, que deben en todo caso estar inscritas en los servicios públicos de empleo, además de la exigencia de haber suscrito ya un convenio de inserción. Resulta novedosa la eliminación de “la prioridad de acceso a dichas empresas para ciertos colectivos, que estaba prevista en el DA y ahora ya no consta. El resto de los colectivos de personas indicados coinciden con las previsiones realizadas en el art. 2.1 de la Ley 44/2007.

Se añade un apartado 2, que estipula que: “La situación de exclusión de las personas pertenecientes a los colectivos a los que se hace referencia en el apartado1, deberá ser acreditada por los Servicios Públicos competentes” (art. 2.2 Ley 44/2007).

1.5. Fijar el itinerario de inserción para la incorporación al mercado ordinario de las personas en situación de exclusión social

El artículo 6 en su apartado 1 señala que las empresas de inserción aplicarán itinerarios de inserción sociolaboral en función de los criterios de los servicios sociales de base y los servicios públicos de empleo, de acuerdo con las propias empresas de inserción, teniendo que ser aceptados por la persona en situación de exclusión social contratada, con el objetivo de promover su integración en el mercado laboral ordinario, definiendo las medidas de intervención y acompañamiento que sean necesarias.

En su apartado 2 señala en que consisten dichas medidas de intervención y acompañamiento, relacionándolas de manera pormenorizada.

Lo regulado en este artículo es fiel reflejo de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre.

El acceso de los trabajadores en exclusión a las empresas de inserción se regula en el Capítulo III del PD. Conviene desatacar que entre los servicios competentes para iniciar el procedimiento de acceso se incluye, junto con el servicio público de empleo, el de un servicio de orientación para el empleo, con lo que dada la situación al respecto en nuestra Comunidad parece que se pretende dar cabida al servicio de orientación específico de la CAPV.

Respecto al Capítulo IV, Asignación de funciones, destaca lo siguiente:

Art. 15 PD. Funciones del Gobierno Vasco. En el PD en lugar de referirse al Departamento competente en materia de servicios sociales se hace referencia al Departamento en materia de Inserción Social, y se añaden dos funciones no citadas en el DA:

a) Calificar las empresas de inserción.

b) Evaluar, coordinar y velar por el cumplimiento de los fines previstos en este Decreto.

Art. 16 PD. Funciones de los servicios públicos de empleo y de los servicios de orientación para el empleo dependientes de la Comunidad Autónoma del País Vasco. En este artículo, dentro del punto 1.b) “participación en los procesos de inserción sociolaboral mediante el ejercicio de las siguientes funciones…:”, incluye una nueva:

“ Certificar la formación adquirida en el marco del itinerario de inserción y, en su caso, la correspondencia entre la experiencia adquirida y las competencias descritas en los certificados de profesionalidad del Sistema Nacional de Cualificaciones”.

Art. 17 PD. Funciones de los servicios sociales de base. El PD incluye una nueva función en el apartado b) de este artículo 17:

“Emisión, por parte del servicio social de base competente, de un informe, en el cual a la vista de las circunstancias personales del trabajador, bien por el fracaso de un proceso previo de inserción o el de recaída en situaciones de exclusión, se considere conveniente la participación del trabajador en una empresa de inserción”.

1.6. Regulación de las relaciones laborales en las empresas de inserción

Las previsiones sobre las relaciones laborales de los trabajadores en situación de exclusión social en las empresas de inserción se establecen en el Capítulo V.

Art. 18 PD. Régimen jurídico. Este artículo es nuevo y constituye el único artículo del Capítulo V. En su apartado 1º, se especifica que las relaciones laborales vinculadas a procesos de inserción entre las empresas de inserción y los trabajadores en situación de exclusión social se regirán por lo dispuesto en el ET y el resto de la legislación laboral, y en especial, por lo dispuesto en el capítulo IV de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de empresas de inserción.

Por su parte, el apartado 2º señala que las empresas de inserción y los trabajadores que se encuentren en alguna de las situaciones previstas en el artículo 5 de este Decreto podrán celebrar el contrato regulado en la Disposición adicional primera de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, con las “peculiaridades” establecidas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción

En la regulación que introduce la Ley 44/2007 (Capítulo IV) bajo el título “Peculiaridades y particularidades” respecto a lo establecido en el ET y en la Ley 43/2006, de 29 de diciembre para la mejora del crecimiento y del empleo bajo el título “Relaciones laborales de los trabajadores en situación de exclusión social en las empresas de inserción”, las previsiones más relevantes son las siguientes:

- Art. 12 (Ley 44/2007) Contrato de trabajo. “(...) podrá celebrarse por duración determinada, ajustándose a las modalidades de contratación previstas (...) sin perjuicio de la duración temporal que necesariamente tenga el itinerario de inserción sociolaboral. Asimismo, en el apartado 2 del mismo artículo estipula que “el contrato de trabajo, sus prorrogas y variaciones se formalizarán siempre por escrito, en el modelo establecido por el Servicio Público Estatal y se comunicará a la oficina pública de empleo.

- Art. 13. (Ley 44/2007). Condiciones de trabajo. Peculiaridades de las relaciones laborales de los trabajadores en situación de exclusión en las empresas de inserción:

- Apartado 1: “El contrato podrá concertarse a tiempo completo o parcial, debiendo ser, en este caso, la jornada diaria o semanal superior a la mitad de la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable…”.

- Apartado 2: El trabajador, previo aviso y justificación, tendrá derecho a ausentarse del trabajo, sin pérdida de remuneración, para asistir a tratamientos de rehabilitación, participar en sesiones de formación y readaptación profesional o realizar cualquier otra medida de acompañamiento prevista en su itinerario personalizado de inserción…”.

- Art. 14. (Ley 44/2007). Extinción y suspensión del contrato. Particularidades significativas de estos contratos:

- Apartado 2: no serán de aplicación a los trabajadores en situación de exclusión social la causa de extinción del contrato por causas objetivas (52 d. del ET)

- Apartado 4: Los Servicios Sociales Públicos competentes emitirán informe con carácter previo a la extinción del contrato de trabajo, cualquiera que sea su causa.

Asimismo, el empresario comunicará a los citados Servicios y a los Servicios Públicos de Empleo la extinción del contrato de trabajo, cualquiera que sea la causa de extinción del contrato.

- Art. 15. (Ley 44/2007). Contrato temporal de fomento del empleo. Esta disposición posibilita celebrar el contrato regulado en la Disposición adicional primera de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, que se refiere al contrato de fomento del empleo para personas con discapacidad con las peculiaridades que establece el propio artículo, entre las que destacan:

- Apartado 3: No podrán ser contratados los trabajadores que en los dos años inmediatamente anteriores hubieran prestado servicios, en la misma o distinta empresa, mediante un contrato de trabajo, salvo en los casos de fracaso de un proceso previo de inserción o de recaída en situaciones de exclusión.

- Apartado 4: La duración del contrato podrá ser por un período mínimo de doce meses y máximo de tres años, que podría celebrase por una duración menor si dentro del itinerario de inserción acordado, así se aconseja por los Servicios sociales Públicos, aunque nunca inferior a seis meses.

- Apartado 5: A la terminación del contrato el trabajador tendrá derecho a percibir una compensación económica equivalente a doce días de salario por año de servicio.

- Apartado 7: tales contrataciones son susceptibles de aplicación de las subvenciones que se especifican en la propia Ley en el artículo 16.3 (bonificaciones a las cuotas de la seguridad Social, Subvenciones para el mantenimiento de los puestos de trabajo, ayudas a ala inversión fija afecta a la realización de su objeto social).

1.7. Promoción de las empresas de inserción

Capítulo VII de las medidas de promoción del PD, consta de dos artículos 24 y 25, que regulan las medidas de promoción.

En definitiva en estos artículos se determinan el tipo de ayudas de las que podrán ser beneficiarias las empresas de inserción:

a) Ayudas destinadas a la creación de empresas de inserción.

b) Ayudas destinadas al sostenimiento de las empresas de inserción.

Estas ayudas están previstas en el Capítulo V, “De las medidas de promoción”, de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, artículo 16, de “Promoción de las empresas de inserción”, en cuyo apartado 3º estipula que: “Las empresas de inserción podrán beneficiarse de las siguientes clases de ayudas”, ayudas que a continuación describe. Entre las ayudas previstas en la norma estatal está:

“Bonificaciones a las cuotas de Seguridad Social en los contratos de trabajo de las personas referidas en el artículo 2, de 70,83 euros/mes ( 850 euros/año) durante toda la vigencia del contrato, o durante tres años en caso de contratación indefinida.”

Aunque el PD no realiza ninguna referencia a esta bonificación, parece evidente que será también aplicable en el ámbito de la CAPV.

Se determina, asimismo, en el PD que, al margen de aquellas, podrá otorgarse cualquier otra ayuda que se considere oportuna.

Finalmente señala que las empresas de inserción podrán organizarse en asociaciones o agrupaciones específicas a nivel autonómico, y que estas estructuras asociativas podrán recibir ayudas económicas por parte de las Administraciones Públicas vascas, para sufragar gastos de promoción y funcionamiento (artículo 16.6 de la Ley 44/2007).

1.8. Otras adaptaciones: Capítulo VIII, Infracciones y sanciones

Art. 26 PD Infracciones y sujetos responsables. El DA no establecía nada respecto a infracciones y sanciones. Este artículo, que es nuevo y el único del capítulo VIII, determina que:

“Las acciones y omisiones de los empresarios titulares de una empresa de inserción que incumplan las obligaciones que se establecen y tipifican en este Decreto constituirán infracción administrativa en el orden social y serán objeto de sanción conforme a lo establecido en las disposiciones generales y comunes del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social”.

Lo dispuesto en este artículo es idéntico a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 44/2007.

La propia Ley 44/2007 en su Disposición final primera realiza una modificación del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, estableciendo una relación de las infracciones de las empresas de inserción y dividiéndolas entre infracciones graves y muy graves.

1.9. Dos apreciaciones concretas con relación al contenido del proyecto de Decreto

a) La norma debería clarificar a qué servicios públicos de empleo se refiere, ya que no queda suficientemente definido en los diferentes apartados del proyecto de Decreto si se alude sólo a los servicios de la Comunidad Autónoma Vasca, o también a los servicios estatales.

b) Si bien en el preámbulo de este proyecto de Decreto se señala, como una de las razones que lo justifican, la necesaria adaptación, a efectos de calificación y registro de las empresas de inserción, de las normas autonómicas a las previsiones de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, sin embargo, a lo largo de su texto y, especialmente en varias de las cuestiones recogidas en el apartado 1.3. de este informe, pueden apreciarse diferencias de regulación con la norma estatal de referencia.

Independientemente de los problemas jurídicos que ello conlleva y que no son objeto de este informe, tales diferencias pueden generar, en algunos casos, problemas de inseguridad para las empresas implicadas sobre los requisitos exigibles para su calificación y registro como empresas de inserción.

2. Síntesis de las aportaciones

Consideraciones del miembro de la Comisión de Informes designado por CC.OO. de Euskadi

1) Considera oportuna la tramitación de este Decreto, en cuanto que supone la adaptación, en lo que se refiere a la calificación y registro de las empresas de inserción, de las previsiones establecidas a esos efectos en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre.

2) Entiende que la duplicidad de los servicios públicos de empleo que se produce en nuestra Comunidad (servicio público estatal y otro dependiente de la Comunidad Autónoma) provoca dudas en el texto del Decreto sobre si el servicio público de empleo estatal está legitimado para desempeñar el papel que el borrador de Decreto atribuye a los servicios públicos de empleo.

En diversos artículos del Decreto (6, 13, 14 y 16) se hace mención a los servicios públicos de empleo o, en su caso, a los servicios de orientación para el empleo dependientes de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con lo que parece deducirse que el borrador atribuye a Lanbide las funciones que se encomiendan al los servicios públicos, excluyendo al servicio público de empleo estatal en la Comunidad.

Convendría aclarar si, al menos, los servicios de orientación dependientes del servicio público de empleo estatal pueden derivar personas a las empresas de inserción y, si así fuera, qué papel jugarían o cómo se resolverían las funciones que se le asignan al servicio público de empleo.

3) La Ley 44/2007 asigna funciones de coordinación y de evaluación para las empresas de inserción a los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas, así como al Consejo General del Sistema Nacional de Empleo funciones de coordinación y evaluación del cumplimiento de esa norma en el ámbito de sus competencias.

Los agentes sociales, a través de su participación en estos órganos podrán ejercer los derechos de información y propuesta. Sin embargo el borrador de Decreto no aclara cómo se articulará esto en Euskadi.

Por ello, considera que la Comisión de Seguimiento del III Plan de Empleo, debería ser el órgano de participación de los agentes sociales para el desarrollo de las labores de coordinación y evaluación en relación a las empresas de inserción y que esto debería constar de manera expresa en el Decreto.

4) Solicita que se incluya en el artículo 15, dentro de las funciones asignadas al Gobierno Vasco, la obligación de publicar semestralmente los datos de empresas de inserción (listado de empresas, actividad, lugar de actuación, número de trabajadores, etc.), es decir, la información que según el artículo 23 la Dirección de Inserción Social del Gobierno Vasco debe remitir semestralmente al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales del Gobierno español.

5) Solicita la inclusión en el artículo 16 de la obligación, por parte de los servicios públicos de empleo dependientes de la Comunidad Autónoma, de dar publicidad anual a los datos relativos a las incorporaciones a empresas de inserción y a las incorporaciones al mercado laboral ordinario, de personas que han participado en procesos de inserción sociolaboral en empresas de inserción.

6) Considera que dado que el artículo 21.1 del Decreto establece que: “la inscripción registral producirá el efecto de la publicidad de los datos consignados”, sería necesario, a este respecto, establecer el cómo, el quién y los plazos.

Consideraciones del miembro de la Comisión de Informes designado por LAB

Considera este proyecto de Decreto como una mera adaptación de la norma autonómica vigente, Decreto 305/2000, a las previsiones de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción. Considera asimismo que, como no puede ser de otra manera, este proyecto de Decreto no incorpora elementos sustancialmente novedosos en relación a la Ley estatal de obligada referencia y que esta iniciativa del Departamento de Empleo viene a demostrar una vez más el carácter subsidiario de la Administración autonómica en relación a las materias sociolaborales, así como su papel de mero complemento de las políticas impuestas desde instancias ajenas al país.

Al margen de la valoración general señalada, que llama la atención que el artículo 4.2.f) del Decreto fije como uno de los requisitos para obtener la calificación de empresa de inserción el de “mantener como mínimo en cómputo anual, desde su calificación, cualquiera que sea la modalidad de contratación, al menos un 40 de trabajadores en proceso de inserción respecto del total de la plantilla durante los tres primeros años de actividad”, mientras que la norma estatal, en su artículo 5. c), señala un porcentaje menor: “al menos un 30 durante los primeros tres años de actividad”

Considera, por otra parte, que si bien los artículos 11 a 14 de la Ley 44/2007 determinan el régimen jurídico del contrato y las condiciones de trabajo (jornada, licencias y extinción o suspensión contractual), no hay referencia alguna al salario, siendo éste un aspecto central de toda relación laboral.

Consideraciones de los miembros de la Comisión de Informes designados por Confebask y UGT de Euskadi.

Según comunicación telefónica recibida en el CRL, los miembros de la Comisión de Informes designados pro Confebask y UGT de Euskadi, realizarán, en su caso, sus consideraciones a este proyecto de Decreto, en el seno de la Comisión de Informes que se celebrará el próximo 18 de junio de 2008.

3. Consideraciones finales

Sin perjuicio de las consideraciones específicas recogidas en el apartado de síntesis del presente informe, que se dan por reproducidas, los miembros de la Comisión de Informes del Consejo de Relaciones Laborales quieren hacer constar de forma expresa que los procesos de inserción laboral deberán llevarse a cabo sin perjuicio de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, cuyas condiciones de empleo habrán de ser, en todo caso, las que correspondan en función de las normas legales y convencionales que resulten de aplicación.

En relación con este punto, los miembros de la Comisión designados por las organizaciones sindicales entienden que, a falta de una disposición convencional específica para empresas de inserción, el convenio aplicable habría de determinarse en función de la actividad a la que materialmente se dedique cada una de las empresas, en tanto que los miembros designados por Confebask consideran innecesario realizar una referencia expresa en relación con este tema, pues la determinación de la normativa convencional aplicable se realizará en cada caso con arreglo a los criterios generales.

En segundo lugar, los miembros de la Comisión de Informes del Consejo de Relaciones Laborales manifiestan como opinión común que se expresa a modo de DICTAMEN lo siguiente:

“Con independencia de las referencias que se han hecho en las consideraciones técnicas del presente informe a la falta de claridad en la definición del ámbito de actuación de los diferentes servicios de empleo, el Decreto debería asegurar a través de los mecanismos necesarios la publicidad de los datos relativos a los procesos de inserción, tanto en lo que se refiere a la incorporación de las personas en situación o riesgo de exclusión a las empresas de inserción, como, en su caso, al mercado ordinario, cualquiera que fuese el servicio de empleo que hubiera intervenido inicialmente. Asimismo, debería asegurar la traslación de toda esta información a la Comisión de Seguimiento del III Plan de Empleo, que es el órgano de participación de los agentes sociales en materia de empleo, y al que, debería atribuirse expresamente la función de seguimiento y evaluación de la integración en el mercado ordinario de los colectivos destinatarios de este Decreto”.

Bilbao, 20 de junio de 2008

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